El congreso despachó la ley de reajuste de remuneraciones del sector público que -en promedio- otorgó a sus funcionarios un reajuste real prácticamente nulo. No es de extrañar que los líderes sindicales correspondientes, que pidieron inicialmente un reajuste real superior al 3%, se sintieran muy defraudados. Pero el ministro de Hacienda -que fue apoyado en sus proposiciones por casi todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría- consideró que la situación económica previsible será de tal naturaleza que no podía responsablemente otorgar un reajuste mayor. Y se hizo su voluntad.
El Gobierno está consciente de que -muy probablemente- la fuerte caída del precio del cobre y en general, la reducción de la demanda internacional por nuestros productos, perdurará por un buen tiempo y tendrá efectos negativos sobre los ingresos fiscales. Ello obliga a un ajuste, que se desea hacer, pero no abruptamente. Pues bien, el reajuste de remuneraciones otorgado es coherente con esta política. Un mayor reajuste, en las actuales circunstancias, no se podría haber calificado sino de populista.
Sin embargo, el actual proceso de reajuste general tiende a la politización y como consecuencia, a que algunos funcionarios obtengan rentas y en cambio otros perciban remuneraciones inferiores a las que pueden aspirar por sus aportes. Se han propuesto varios sistemas de negociación de reajuste alternativos y hay que evaluarlos. El ideal pareciera ser vincular -para cada tipo de tarea- las remuneraciones en el sector público a aquellas del sector privado, dado que éstas últimas tienden a reflejar razonablemente el valor de los aportes de los trabajadores correspondientes.
También se debe considerar que este año, en el sector público,se reajustarán en un 9% las remuneraciones menores, en cambio las mayores no tendrán reajuste alguno. Es muy posible que esta política haya sido parte del precio pagado para lograr un reajuste promedio compatible con la responsabilidad fiscal. No obstante, si se persiste en este régimen, si bien se reducirán las desigualdades de remuneraciones en el sector público, tendrá consecuencias nefastas para la nación. El Estado juega un rol clave en toda economía y debiera atraer -junto a la educación- a la mejor gente. Pagar remuneraciones competitivas es una condición necesaria para ello y la evidencia -si bien varía en intensidad dependiendo de la fuente utilizada- sugiere que el fisco está remunerando comparativamente peor a las personas de alta calificación.
En resumen, no cabe sino felicitar al Gobierno por haber tenido la voluntad política de contener las presiones salariales generales de los empleados públicos. Sin embargo, urge reemplazar el sistema de reajuste existente por uno descentralizado, en que, por ejemplo, se eliminen las actuales rentas que obtienen muchos en el sector público y en que, simultáneamente, el Estado pueda pagar remuneraciones acorde con lo que perciben en el mercado los talentos que necesita atraer para realizar su importante función.
