Así lo declaró ante el Ministerio Público el presidente de la entidad financiera, Juan Enrique Yarur.
Según consigna El Mercurio, los pagos ascendían a $700 mil mensuales cancelados entre los años 2010 y 2013.
“La versión dada por el presidente del banco BCI se ajusta cien por ciento a la verdad”, aseguró el ex edil a La Tercera.
La fiscalía habría requerido a Zalaquett para que entregue su testimonio en febrero.
De acuerdo a la versión del matutino, la ex autoridad comunal habría consultado a sus abogados -cuando era alcalde- si era legal realizar este tipo de asesorías. Estos, le contestaron que no habría problemas en la medida que la empresa a la que prestase servicios no tuviera asuntos contractuales o licitaciones con el municipio.
No obstante, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los alcaldes no pueden recibir “cualquier emolumento, pago o beneficio económico de origen privado o público, distinto de los que contempla el respectivo régimen de remuneraciones”.
BCI rectificó ante el Servicio de Impuestos Interbos (SII) los pagos realizados a La Manada, la empresa de Zalaquett con la que facturó las asesorías prestadas a Yarur.
